Los poderes de Vicent Bolloré, máximo accionista de Vivendi, se medirán en la justicia. Y no solo en la italiana. El grupo francés, que controla el 28,8% de Mediaset Italia –un 9,6% directamente y un 19,2% a través del fideicomiso Simon Fiduciaria–, se ha opuesto por activa y por pasiva a la fusión de la matriz con la filial española. Y, pese a que no ejercerá su derecho para vender a 2,77 euros por acción, ha decidido ampliar el espectro de actuación. Así, ha comenzado dos procedimientos judiciales, uno en España y otro en Holanda, para anular la operación.

Mediaset España comunicó ayer a la CNMV que Vivendi ha iniciado un procedimiento judicial en España impugnando los acuerdos de la junta extraordinaria que celebró el 4 de septiembre. La filial española informó de que la primera comparecencia tendrá lugar el 2 de octubre de 2019.

En la demanda, de la que se ha hecho cargo el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid, Vivendi aduce que la fusión ha sido impuesta de manera abusiva, que no responde a una necesidad empresarial, que la ecuación de canje fijada (2,33 acciones de la italiana por una de la española) no refleja el valor real de Mediaset España, asegura que llevarse la sociedad a Holanda constituye un fraude de ley –se hace para implantar un sistema de acciones de lealtad y un gobierno corporativo prohibido en España– y que los estatutos de la nueva empresa comportan la violación del principio de igualdad de trato entre accionistas.

Entretanto, la ofensiva judicial en Holanda se centra en varios puntos de los estatutos sociales de la sociedad MediaForEurope (MFE), que sumará los activos de la matriz italiana y la filial española del grupo de televisión. La comparecencia será el 16 de octubre de 2019.

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Vivendi defiende asimismo que la junta de Mediaset Italia debe anularse, puesto que Berlusconi impidió votar a Simon Fiduciaria. Si se hubiera pronunciado, la operación no hubiera recibido el número de votos necesario. Mediaset España cerró ayer a 6,04 euros por acción (-1,98%), por debajo de los 6,5444 euros fijados como precio de salida. En Italia, la matriz cerró a 2,728 euros (-1,2%), un precio inferior también a los 2,77 euros del derecho de separación.

Fuente: Cinco Días