Se acerca el final de 2019 y, con él, la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la posible abusividad del índice de referencia de préstamos hipotecarios (IRPH), con el que se estima que se han constituido un millón de hipotecas en España. Mientras, solo el 14% de los afectados confía en que el banco le devolverá voluntariamente todo lo cobrado de más en su hipoteca (unos 20.000 euros de media por persona) en caso de que la futura sentencia, prevista para principios de 2020, dé un revés a la banca.

Así se desprende de una reciente encuesta realizada a unos 1.700 clientes de Reclamador.es. Sin embargo, el 80% de los afectados que se encuentran en un proceso de reclamación cree que la justicia europea se posicionará de su parte, como ya ocurrió con las cláusulas suelo en 2017. En ese momento, según explican desde la plataforma legal online, el TJUE fue “más duro” que el Tribunal Supremo y optó por aplicar la retroactividad total.

¿Cuánto hay en juego?

Este índice, el segundo más utilizado en nuestro país para constituir una hipoteca después del euríbor, se empezó a extender con el boom inmobiliario bajo la premisa de que era mucho menos volátil que el euríbor. No hay que olvidar, apunta Reclamador.es, que los afectados justifican que apostaron por hipotecas referenciadas a este índice porque las entidades bancarias les convencieron de que era un valor más estable y seguro que el euríbor.

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De estar del lado del consumidor y considerar el IRPH abusivo, la sentencia del TJUE provocaría un coste para la banca de entre 7.000 y 44.000 millones de euros, según un informe de Goldman Sachs.

Al respecto de los resultados, Almudena Velázquez abogada en Reclamador.es y experta en derecho bancario, asegura que la confianza de los consumidores en relación a los bancos “está bajo mínimos tras muchos años de malas prácticas y abusos que solo han podido repararse por la vía judicial”. Pese a esto, cuenta, se han creado ciertos “inventos” que han servido para retrasar la devolución de las cantidades correspondientes a los afectados, como el real decreto ley sobre las cláusulas suelo. Por otro lado, Velázquez lamenta que la justicia europea sea “la última instancia en defensa de los consumidores”, algo que, “por desgracia” no ha ocurrido, en ocasiones, con el Tribunal Supremo.

Fuente: Cinco Dias.