La Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 (LCSP) y las Directivas comunitarias de contratación de 2014 que transpone, tienen entre sus objetivos básicos facilitar la participación de las pequeñas y medianas empresas, incluidos los autónomos, en la contratación pública. Los artículos 1.3 y 28.2 de la LCSP imponen esa obligación, por lo que las críticas que ha recibido esta ley por parte de las asociaciones de autónomos y pymes no son del todo fundadas, pues el problema está en la aplicación de la ley.

Las pymes son “la espina dorsal” de la economía comunitaria: constituyen el 99,8% de las empresas en la Unión Europea (99,9% en España) y generan el 67% del empleo empresarial (más de 8 millones de personas en nuestro país, 72%); sin embargo, gestionan menos del 40% de los contratos públicos, y un volumen económico inferior, muy por debajo del valor añadido que generan, un 62,2% en España. La contratación pública maneja entorno al 20% del PIB de la UE, por lo que un incremento de la adjudicación de contratos a las pymes tendrá un efecto multiplicador en el fomento del empleo y el crecimiento sostenible, destaca la Directiva 2014/23 (considerando 124). Las Directivas plantean medidas específicas para promover la participación de las pymes en la contratación pública (así, artículos 58, 59 ó 71.3, Directiva 2014/23); y la LCSP las concreta: simplificación de los requisitos de solvencia económica y técnica, en especial para las empresas de nueva creación (arts. 88.2 y 89.1.h) y no exigir su acreditación en los procedimientos de menor cuantía (arts. 118 y 159.6); división de los contratos en lotes como regla general y exigencia de motivación cuando no se hace (art. 99.3); posibilidad de constituir la garantía definitiva mediante retención en el precio (art. 108.1); establecimiento de un plazo máximo de pago de sesenta días (art. 198.4); posibilidad de prever el pago directo a los subcontratistas (DA 51); impone como objetivo de la Estrategia Nacional de Contratación Pública “promover la participación de las pymes en la contratación pública” (artículo 334.2.f); etc.

El Ayuntamiento de Valladolid ha sido especialmente proactivo en la utilización estratégica de la contratación pública, en una exigente norma interna, la «Instrucción 1/2018, para impulsar la contratación socialmente eficiente» (que actualiza una previa de 2015). Esta norma establece medidas específicas para promover una mayor concurrencia de pymes, incorporar aspectos sociales, ambientales y de innovación empresarial, y para garantizar la transparencia e igualdad de trato en sus procedimientos. Ha sido respaldada por diferentes entidades públicas y privadas, desde la Dirección General de Industria y de la Pyme, del Ministerio de Economía a Transparencia Internacional, con el objetivo de incentivar su reutilización por otras entidades públicas. El sistema de contratación de este Ayuntamiento se cierra con unos ‘pliegos tipo’ que aplican esas medidas en todos los contratos.

Con este sistema, el Ayuntamiento de Valladolid consiguió adjudicar a pymes el 81% de sus contratos con licitación pública en 2018 (75% en 2016 y 2017) y prácticamente el 100% de los contratos menores. Y mantiene un equilibrio del 51- 49% en el volumen económico de contratos gestionados por pequeñas y grandes empresas. Y con una litigiosidad muy escasa, inferior al 1%.

Para que este ejemplo pueda replicarse por parte de todos los poderes adjudicadores, el Ministerio de Industria y el Ayuntamiento de Valladolid, han elaborado dos guías básicas para fomentar la contratación pública con pymes, en un sencillo tríptico, una dirigida las entidades del sector público, apuntando la obligatoriedad y ventajas de contratar con pymes y recogiendo unas medidas básicas para facilitar su participación; otra destinada a autónomos y empresas pequeñas, para abrirles el camino de las licitaciones públicas. Las guías están accesibles en la web de ambas Administraciones.

El éxito del sistema de contratación pública del Ayuntamiento de Valladolid ha sido galardonado por la Comisión Europea con el Premio Europeo a la Promoción Empresarial 2019, en la categoría de «mejora del entorno empresarial», fallado en Helsinki el 26 noviembre. Estos premios tienen como objetivo promocionar las actuaciones de éxito en el fomento del emprendimiento y la creación de nuevas empresas en Europa. A su decimotercera edición concurrieron 260 iniciativas de 29 países.

No hay por lo tanto excusas para que las pymes queden fuera del negocio de la contratación pública. Las entidades públicas deben facilitar su participación y aquellas concurrir con ofertas competitivas y ejecutar correctamente los contratos que les sean adjudicados.

José Manuel Martínez Fernández, vicesecretario general Ayuntamiento de Valladolid.

Fuente: Cinco Dias.