Continúa la batalla entre la Abogacía Institucional y el Ministerio de Justicia por el caso Gürtel. En una reciente nota, el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) afirma que el departamento gubernamental se extralimitó al exigir la devolución de los honorarios recibidos por los abogados del turno de oficio asignados en el caso Gürtel, que ascienden a los 591.297 euros. Se trata de un nuevo capítulo de hostilidades después de que, el pasado viernes, el organismo dirigido por Victoria Ortega pidiera la dimisión de Dolores Delgado por los impagos al servicio de asistencia jurídica gratuita en 2018.

Según expone el texto del CGAE, el Ministerio admite haberse excedido al estimar el recurso presentado por el Consejo de la Abogacía, «donde reconoce que no se cumplió con el procedimiento, omitiendo trámites básicos como la apertura del expediente informativo o el establecimiento de un periodo para formular alegaciones».

Al aceptar el recurso, la institución indica que Justicia «reconoce que no siguió el cauce legalmente establecido para completar un expediente de reintegro de subvenciones». En esta línea, explican que el Ministerio no inició el expediente formalmente, no completó una fase de investigación, no comunicó una propuesta de resolución provisional, no abrió el obligado plazo de alegaciones para los perjudicados, ni «resolvió las alegaciones que no se pudieron presentar». Esto es, «incumplió sistemáticamente todos y cada uno de los pasos del procedimiento administrativo en un Estado de Derecho», proclama la nota.

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Así, y en base a la admisión de este recurso, el CGAE anuncia que reclamará la devolución de las cantidades entregadas al Ministerio y pedirá que se inicie la instrucción del expediente «para que se completen todos y cada uno de los trámites establecidos por la ley».

El texto difundido por la Abogacía afirma además que el escrito del Ministerio de Justicia, «lejos de limitarse a reconocer sus errores flagrantes en materia de procedimiento», admite que, para garantizar la devolución de los honorarios, «incumplió su obligación de abonar en plazo el pago de la subvención de la Justicia Gratuita de los meses de julio, agosto y septiembre de 2018 y solo liberó ese dinero una vez que el Consejo y el Colegio de Madrid hicieron efectiva la devolución de las cantidades que se les reclamaban, el 31 de octubre de 2018».

De esta forma, el CGAE asegura que Justicia reconoce oficialmente que «instrumentalizó el pago del turno ordinario de la Justicia Gratuita para obtener los resultados pretendidos en otro asunto que no guardaba ninguna relación con el mismo».

Fuente: Cinco Dias.