Del 2 al 13 de diciembre se celebra, en Madrid, la Vigesimoquinta Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP 25, bajo la presidencia de Chile. En palabras de la ministra en funciones para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, la COP25 debe ser “la punta de lanza” para que la acción climática se haga transversal y “permee” en todas las administraciones y en los sectores económicos y sociales ─Foro Líderes de la Agencia EFE 21/11/2019─.

La Cumbre debe revisar los compromisos alcanzados en el Acuerdo de Paris, cuya entrada en vigor tendrá lugar el próximo año 2020. Algunas de las principales cuestiones pendientes de negociación son: (i) la revisión de las contribuciones nacionales de los países que establecerán los compromisos de reducción de CO2e; (ii) el alcance de los mercados de carbono como instrumentos económicos que ayuden a conseguir los compromisos de reducción; (iii) las aportaciones al Fondo Verde del Clima como instrumento clave de financiación; (iv) el mecanismo de daños y compensaciones por fenómenos climáticos extremos para facilitar la cohesión; (iv) las vías de apoyo a los países en vías de desarrollo como instrumentos de colaboración hacía nuevos modelos de desarrollo industrial y energético; o (v) los próximos pasos a seguir a partir de 2020 para preparar el escenario de la COP26 que se celebrará en Glasgow, donde se espera que los gobiernos presenten medidas concretas y medibles para cumplir sus compromisos de reducción.

España, como anfitriona, además de la ingente labor organizativa y logística que viene desarrollando desde su aceptación, deberá tomar la iniciativa, junto con Chile, para alinear las diferentes posturas de los países y actores institucionales, al objeto de lograr limitar el aumento de la temperatura global a 1.5°C, y reducir progresivamente las emisiones de CO2e en la senda del compromiso fijada para alcanzar el 45 % de reducciones para 2030 respecto a los niveles del 2010─IPPC, 2018─.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ya ha advertido, en su Informe de Brecha de Emisiones de 2019, que para cumplir el objetivo de temperatura se necesita que las emisiones se reduzcan, en comparación con los niveles preindustriales, un 7,6 % por año desde 2020 hasta 2030.

Por su parte, se espera que la UE, tras la estrategia presentada en 2018, lidere el camino hacia la neutralidad climática. Incluso podría anunciar, en esta Cumbre, su plan para lograr emisiones netas de CO2e nulas para 2050. La nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha señalado, como una de las prioridades de la legislatura, que todas las propuestas estén alineadas con el objetivo internacionalmente comprometido de limitar el calentamiento global.

De hecho, en la Cumbre de la ONU celebrada recientemente, septiembre 2019, en Nueva York bajo el título Acción Climática, como reclamo de la emergencia climática, más de setenta países, junto con ciudades, y representantes del sector privado, junto con la UE, se comprometieron a emisiones netas de carbono cero para 2050.

Sin duda, los objetivos son muy ambiciosos y el papel, si nos permiten la simpleza, aguanta todo. Todos los científicos coinciden en señalar que es tarea difícil lograr reducciones de emisiones CO2e al ritmo propuesto en 2020-2030, por lo que comprometerse, en el momento actual, a alcanzar la neutralidad en 2050, es, desde luego, tener gran confianza en el cumplimiento de la senda de reducción que se asuma tras las contribuciones nacionales que se presenten en 2020.

Si bien un objetivo tan ambicioso nos muestra la creación de una masa crítica de grupos de países en pro del clima, la falta de implicación y el descrédito en la neutralidad climática comunicada por algunos de los principales países emisores del mundo como Estados Unidos o India debilita tales esperanzas.

Como contracara, se debe, no obstante, señalar la adopción y aplicación, en muchos de los países descreídos, de diferentes e importantes acciones de lucha contra el cambio climático, por parte tanto de entidades locales y regionales, como del sector privado o financiero.

Finalmente, en este escenario, no podemos olvidar a las organizaciones no gubernamentales ecologistas, que han ido cobrando, arropadas por el activismo de la sociedad, un mayor protagonismo en la defensa del mantenimiento del clima, tal y como muestran sus reivindicaciones en las cumbres anteriormente celebradas.

En definitiva, si bien los objetivos, posturas y tiempos de los distintos países y actores de la comunidad internacional son difíciles de aunar, debemos todos tomar conciencia y responsabilizarnos de que la ventana de oportunidad a favor del Clima se está cerrando.

Maria José Rovira Daudí, socio del área de Derecho Público y Regulatorio de CECA MAGÁN Abogados.

Fuente: Cinco Dias.