Los agricultores y ganaderos españoles se han plantado. Estallaron hace un mes, cuando comenzaron a salir a la calle a protestar ante lo que consideran una situación insoportable que pone en riesgo la supervivencia del sector: los bajos precios que reciben por sus productos. Los ecos de esas protestas también se escuchan en Canarias, aunque con matices importantes respecto a lo que ocurre a nivel nacional.

“Es una rebelión contra un sistema que no está funcionando, y no vamos a solucionarlo si no damos un puñetazo en la mesa”, explica la presidenta de Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (ASAGA), Ángela Delgado, casi como un grito de desesperación, ante las movilizaciones que prepara el sector en las islas. Considera que los problemas que les afectan no se resuelven exclusivamente con la reforma de la Ley de Cadena Alimentaria impulsada por el Gobierno central, que, entre otros aspectos, obliga a reflejar en los contratos los costes de producción (de manera que el precio que pague el primer comprador los cubra) o que se prohíban las ventas a pérdidas.

El sector en Canarias se desmarca de la críticas a la distribución

Para Delgado, las cuestiones son muchas más, y más acuciantes. Enumera desde los elevados costes del agua, de la electricidad, de los fertilizantes, a los salarios (que en lugares como Marruecos suponen el 10% de lo que se paga en Canarias, a los que se añade la subida de un 28% del SMI en los últimos dos años). “Eso es mucho dinero, y nosotros no hemos podido aumentar los ingresos en esa misma medida, máxime cuando en Canarias lo hacemos todo a mano”. Mientras en la península una máquina recolectora puede recoger 100 toneladas al día, “en las islas se hacen cuatro o cinco al día”. Por eso solicita también la bonificación de las cotizaciones sociales de los trabajadores agrícolas y ganaderos.

Otro de los factores que han condicionado el desarrollo del sector es el de la competencia de terceros países “que no siguen las mismas reglas que nosotros y a los que no se les obliga a cumplir con ninguna normativa fitosanitaria ni de seguridad alimentaria”, añade. En cualquier caso, se desmarca de las críticas escuchadas en las protestas nacionales a los intermediarios o cadenas alimentarias: “No nos pueden enfrentar a ellos, son parte de la solución”.

Desde la Unión de Pequeños Agricultores de Canarias (UPA), su secretario general, Antonio Suárez, considera que los problemas del sector en las islas son estructurales, y apunta a varias medidas que podrían solucionarlos. La primera pasa, frente a la “brutal atomización existente”, por la creación de unidades de compra, de manera que tengan más fuerza a la hora de negociar precios. Como ejemplo, un estudio que han realizado recientemente sobre la compra de forraje entre los ganaderos de Gran Canaria, según el cual, podrían ahorrar unos 180.000 euros al mes si adoptasen esa fórmula de unión. Podría asegurarse en parte la supervivencia del sector “con solo ganar cinco o diez céntimos de más”. Apunta también a otras medidas que ayudarían, como que en los concursos públicos para la gestión de comedores escolares u hospitales de las islas se valore a quienes ofrezcan productos locales.

El próximo 14 de marzo se manifestarán en Santa Cruz de Tenerife

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, muestra su firme respaldo a las reivindicaciones del campo, “como un sector estratégico de la sociedad y la economía”. Reconoce que el papel del Ejecutivo autonómico, al no tener competencias en muchos aspectos sobre los que reclaman actuación, pasa más bien por hacer toda la presión posible, visitando a europarlamentarios o haciendo oír la voz canaria en la modificación de la Ley de Cadena Alimentaria.

Y recalca que en aquellas cuestiones en las que sí pueden hacer algo más, lo han hecho: en el incremento de la subvención de los seguros agrarios hasta los 3,2 millones —un millón más que el año pasado—, en el impulso para la creación del Consejo de Control de la Cadena Alimentaria de Canarias (dirigido a garantizar la calidad de los alimentos) o en la promoción del consumo de productos locales.

Sector estratégico

Sector primario. El sector primario en las islas emplea a unas 20.000 personas. Representa poco más del 1 % del PIB regional, una cifra que ronda los 500 millones de euros.

Costes salariales. Los elevados costes salariales son uno de los lastres que soportan la agricultura y ganadería en las islas, al suponer en algunos casos hasta el 65 % del precio total del producto.

Movilizaciones. Asaga-Asaja, UPA y COAG Canarias han convocado una gran manifestación de agricultores y ganaderos de las islas el 14 de marzo en Santa Cruz de Tenerife, una movilización a la que seguirá otra posterior en Gran Canaria.

Fuente: Cinco Días