Calviño estudia ampliar el plazo de un año que le resta para privatizar Bankia

El Gobierno tiene en su agenda una serie de medidas de ámbito financiero que afectan a la regulación hipotecaria, la protección de los clientes bancarios y la recuperación de parte de las ayudas recibidas por el sector.

La ministra de Economía, Nadia Calviña, ha reconocido esta mañana en un desayuno informativo de Europa Press que la principal herramienta con que cuenta el Estado para recuperar parte de las ayudas es la privatización de Bankia.

De momento, el Banco de España estima que apenas serán recuperables unos 14.000 millones de los 63.000 inyectados a la banca española. Bankia abre la puerta a elevar esa cifra, pero Calviño ha señalado que el precio de cotización actual no permite plantearse la venta de un nuevo paquete de acciones.

Aunque el Gobierno solo tiene de plazo un año más para privatizar Bankia, Calviño ha admitido hoy que se planteará si es necesario ampliar el plazo previsto, como ya hizo el Ejecutivo anterior, para evitar que esa premura sea usada por especuladores del mercado.

Calviño no ha querido señalar que precio de venta considera óptimo, pues la privatización del último paquete del 7% del capital a 4,06 euros por acción no puede servir de referencia, ha sostenido, ahora que se tratará de colocar una participación de control.

En paralelo, la ministra de Economía ha aseverado que su intención es aprobar antes de final de año la nueva oficina de protección del cliente financiero, que debía estar en marcha desde julio, y que debe prevenir los abusos financieros.

También se articulará en breve la oficina de vigilancia macroprudencial que, según Calviño, debe evitar que se produzca otra crisis como la de 2008, permitiendo ofrecer una imagen del conjunto de riesgos crediticios del sector bancario más allá del análisis individual de las entidades que seguirá haciendo el Banco de España. La propia Calviño dirigirá esta institución, ha dicho.

Finalmente, la ministra ha anunciado que el Ejecutivo estudia nuevas medidas de protección de los ciudadanos frente a los desahucios hipotecarios. Más allá de la reforma de la ley de crédito que hay en marcha, ya que eleva el volumen de impagos necesario para que el banco ejecute el préstamo, el Gobierno tratará de paralizar el desalojo de ciudadanos en riesgo de exclusión social.

Así, ha avanzado Calviño, el Ministerio de Justicia está explorando la posibilidad de obligara a los jueces a contactar con Servicios Sociales antes de ejecutar una orden de desahucio para garantizar el realojo en una vivienda social de los ciudadanos que no tengan otra alternativa.

Fuente: Cinco Días

By |2018-12-05T10:06:22+00:005 diciembre, 2018|Categories: Actualidad Económica, Actualidad Jurídica, Cinco Días|Tags: , , , , , , , , , , , |Comentarios desactivados en Calviño estudia ampliar el plazo de un año que le resta para privatizar Bankia