La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) ha desistido del procedimiento de denuncia de infracción contra el Reino de España ante la Comisión Europea que inició por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Baleares, en vigor desde el pasado mes de marzo.

La citada Ley recogía la prohibición de circulación de vehículos diésel (coches y motos) a partir de 2025 y, desde 2035, de coches, motos furgones y furgonetas impulsados por combustibles fósiles (diésel, gasolina, gas natural y cualquier hibridación con motores tradicionales).

No obstante, en noviembre, en el marco de una Comisión Bilateral de Cooperación, el Gobierno central y el balear alcanzaron un acuerdo para la suspensión del veto a los vehículos diésel nuevos y a los de combustión en general que la comunidad autónoma pretendía aplicar, a la espera de que se apruebe una ley estatal de cambio climático.

De este modo, los fabricantes no ven razones legales para continuar con el procedimiento iniciado en Bruselas. Anfac valora positivamente la respuesta del Ejecutivo y considera que, a la vista de este acuerdo, la prohibición ha decaído y han cesado los efectos perjudiciales para el mercado interior de España y en la Unión Europea.

«El acuerdo supera los prohibicionismos y opta por la senda europea, que se basa en la progresiva reducción de los límites máximos de emisiones de CO2 y contaminantes», señala el vicepresidente ejecutivo de Anfac, Mario Armero.

Armero recuerda que los fabricantes están «plenamente comprometidos» con la descarbonización del parque y que el reto del cambio climático no tiene una solución loca, sino global. «Se necesitan medidas de cohesión nacional que trabajen en este objetivo y que permitan una transición ordenada y justa hacia las cero emisiones en el transporte», apunta.

El borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de la región fue aprobado en febrero y, además de las restricciones al diésel desde 2025 y la prohibición a los vehículos de combustión desde 2035, también contempla el objetivo de disponer de 1.000 puntos de recarga de coches eléctricos en 2025 y contar con un parque móvil descarbonizado en 2050.

Por su parte, el Ministerio de Transición Ecológica alude en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)  a la toma de las medidas necesarias para que, «no más tarde» de 2040, los turismos y vehículos comerciales tengan unas emisiones de cero gramos de CO2 por kilómetro. En un primer borrador se recogía el término «prohibición», pero, tras las críticas suscitadas, esta terminología se eliminó del texto definitivo que el PSOE presentó a Podemos para la formación de un Gobierno progresista.

El Gobierno defendió en su día que esta propuesta es similar a la anunciada por Reino Unido y Francia. En el caso de otros países, la meta es más ambiciosa: Dinamarca, Irlanda, Alemania y Holanda quieren lograrlo en 2030 y Noruega (productor de petróleo), en 2025.

Fuente: Cinco Días